Venezuela su crisis interna con la metida de EE.UU para derrocar a Maduro por el control estratégico de la Region

Una maniobra diplomática conjunta con la colaboración de un potente aparato mediático y propagandístico disfrazaron la violación del Estado de Derecho como un ejercicio legítimo.

El pasado 23 de enero el diputado nacional por el partido Voluntad Popular, Juan Guaidó, se autoproclamó de manera ilegal e inconstitucional presidente encargado de Venezuela, invocando los artículos 333, 350 y 233 de la Carta Magna de la nación suramericana.

El joven parlamentario por el estado Vargas realizó su acto de supuesta juramentación en una avenida de Caracas (capital) en el marco de una movilización opositora que exigía la renuncia del presidente constitucional Nicolás Maduro.

En una maniobra diplomática conjunta acompañada de la instalación de una matriz de opinión por parte de los medios de comunicación hegemónicos, Guaidó fue rápidamente reconocido por el Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.), la secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA), y la mayoría de los gobiernos de los países que integran el autodenominado Grupo de Lima.

Con la aparición de focos de violencia vandálica y acciones terroristas y de sabotaje en distintas regiones del país, ya el nuevo intento de golpe de Estado estaba en marcha.

Artículos 233, 333 y 350

Al momento de autojuramentarse como presidente encargado, Juan Guaidó se colocó al margen de la Constitución que rige el país desde 1999, dando continuidad a la agenda golpista que sostiene la oposición desde que se declaró en abierta rebelión a los poderes públicos del Estado venezolano.

El artículo 233 de la Carta Magna establece que el caso de muerte, renuncia o destitución del presidente decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); su incapacidad física o mental permanente; abandono del cargo; o la revocación popular del mandato, son los únicos causales para determinar la “falta absoluta” del jefe de Estado en ejercicio del poder constitucional, y proceder a la convocatoria de una nueva elección mientras el titular de la Asamblea Nacional (AN) se encarga interinamente de la presidencia.

El escenario actual no coincide con ninguno de estos requerimientos, sumado a que a los efectos legales Guaidó tampoco es el presidente de la AN, pues el poder Legislativo entró en desacato judicial en enero de 2016 cuando ejercía la titularidad de este cuerpo el diputado Henry Ramos Allup. Desde entonces, todo acto emanado desde la AN es considerado nulo por la Justicia, incluido la renovación de sus autoridades directivas.

Los otros dos artículos invocados por un sector de la oposición para establecer un “gobierno títere” son el 333 y 350. El primero determina que todo ciudadano “tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento” de la vigencia de la Constitución en caso de que esta fuera derogada por un “acto de fuerza”; en tanto el segundo llama a desconocer “cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos”.

En este sentido, la Constitución de 1999 está en plena vigencia mientras la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) trabaja en la redacción de una eventual nueva Carta Magna, y el presidente Nicolás Maduro fue reelecto para el periodo 2019-2025 con 5.823.728 votos en elecciones que contaron con todos los parámetros de transparencia y seguridad, reconocido así por los candidatos opositores que participaron, acompañantes y observadores internacionales.

La instalación de una posverdad
Pese a haber usurpado de manera ilegal las competencias constitucionales del poder Ejecutivo, Juan Guaidó fue presentado ante el mundo por un sector de la oposición, el Gobierno de EE.UU. y sus países aliados, junto a la OEA y los medios hegemónicos, como el nuevo presidente encargado, disfrazando la violación del Estado de Derecho como un ejercicio legítimo.

Los actores partícipes de la intentona golpista y desestabilizadora ocultaron en todo momento el hecho de que la autoproclamación del diputado fue un acto que no está contemplado en la legislación nacional y avanzaron en sus planes destituyentes desconociendo la voluntad popular de los venezolanos expresada en las elecciones del 20 de mayo de 2018.

La operación diplomática, que contó con un potente aparato mediático y propagandístico para instalar la figura de Guaidó, fue completada con la colaboración de artistas, músicos y figuras del espectáculo que abrumaron las redes sociales ayudando a la instalación de la matriz de opinión.

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